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domingo, 15 de octubre de 2017

Pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y rebaja los nuevos jubilados que perderán un 30% 

Los análisis realizados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) determinan que es urgente y necesario "blindar" las pensiones mínimas para evitar que sus perceptores pierdan poder adquisitivo. 
Es evidente, e inevitable, que las pensiones vayan perdiendo poder adquisitivo desde su concesión mientras sigan siendo reguladas por la reforma de 2.013 que lo que pretende es contener el gasto durante las próximas décadas para que no planteen graves problemas de sostenibilidad pero, sólo las pensiones medias podrían mantener su poder adquisitivo, o las que puedan complementar su pensión con ingresos adicionales. 
Lo que ha dejado claro el estudio es que, si no se toman medidas y se mantiene la regla de revalorización actual, los pensionistas están condenados a ver prácticamente congeladas sus pensiones hasta 2060, que es lo que conlleva el aumento del 0,25% anual. Y, peor aún lo tienen los nuevos jubilados, los que terminen su vida laboral “ahora”, con 65 años, porque ell@s, perderán casi un tercio de su capacidad económica durante los próximos 20 años, calculando que serán estos los que les queden de vida tras la jubilación. 
Este escenario, por lo tanto, será el que los jubilados deberán enfrentar si únicamente se aplica la subida mínima que marca la ley -el citado 0,25%- y, por lo tanto, las pensiones se mantienen congeladas. Para evitarlo, Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los tres firmantes del documento, puso de manifiesto la necesidad de que la clase política tome algún tipo de decisión en este ámbito y, de hecho, aseguró que no llevar a cabo ninguna revalorización podría tener un importante coste político. Pero, en todo caso, e incluso si se limita esa pérdida del 30%, lo que sí será inevitable es que las pensiones cedan poder adquisitivo. "Nadie nos va a librar de que la pensión baje en relación con los salarios", apuntó De la Fuente, razón por la que también pidió protección para las pensiones más bajas. 
En concreto, en el documento se apunta que es necesario "blindar la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación" para evitar que se generen "problemas de suficiencia para los jubilados con menores ingresos". Esta medida, según los cálculos de Fedea, "tendría un coste medio anual durante los próximos 40 años de algo más de cuatro décimas de PIB que habría que financiar con impuestos adicionales", mientras que "el incremento necesario de la recaudación del IRPF estaría en torno a un 6%, lo que podría ser un coste aceptable". Para el conjunto de las pensiones, en cambio, "no sería aconsejable extender la indexación al IPC" ya que el gasto registraría un incremento medio del 2,7% del PIB durante las próximas cuatro décadas, y exigiría "una subida del 36% en la recaudación del IRPF". 
En cuanto a la edad de jubilación, Fedea coincide con Banco de España, que la semana pasada valoró de manera positiva que los trabajadores alarguen su vida laboral más allá de los 67 años. Junto a esta medida, que elevaría los ingresos del sistema, la Fundación considera que también se debería estudiar la posibilidad de establecer "un pequeño incremento en los tipos de cotización o en sus topes máximos".
 (De la revista VIVENCIAS de la FAMPA)